Por las chuzadas terminaron chuzados
El pasado 21 de septiembre el Gobierno anunció la destitución del director del Institutito Nacional de Concesiones – INCO, Álvaro José Soto García, y la de los funcionarios Miguel Bonilla, Diana Calderón, Miguel Gómez y Álvaro Arias; luego de escuchar tres grabaciones comprometedoras, en donde se destapó la millonaria comisión que estos estaban recibiendo por cuenta de favorecer la adjudicación de la licitación, evaluada en $1,3 billones, para la construcción, mantenimiento y operación del corredor férreo entre Chiriguaná (Cesar) y Villa Vieja (Huila).
Por lo visto las grabaciones a funcionarios públicos, o popularmente llamadas ‘chuzadas’, están descolgando a más de uno y hacen parte de la ultima moda de investigación, que al parecer funcionarios del DAS está realizando. Y esto, lo confirmó el mismo Fiscal General quien denunció estas bochornosas conductas, que le han dado una mala imagen a la Fiscalía.
Foto tomada de periódico El Tiempo
Respecto a esto Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, afirmo hace unos días que los órganos de control deben ser conscientes de lo que esta causando esta clase grabaciones y deben asumir con responsabilidad las sanciones que se apliquen. Sin embargo, esto no quiere decir, que la conducta de los cinco funcionarios de INCO, deba ser justificada.
Es que si no se pone ejemplo desde la casa, es imposible que otros lo hagan; pero, también ya viene siendo hora que se reconozca la ilegalidad de este tipo de acciones, impartidas supuestamente, a manera de investigación. Lo cierto, es que se está violando el derecho a la intimidad.
Ahora bien, regresando a lo sucedido con Soto García, no me explico como funcionarios de desatacada carrera profesional en los asuntos del país, se prestan para esta clase de comisiones. Claro está, que en nuestro país lo de recibir algo a cambio de un favor, es más normal que pedir permiso para retirarse de un evento. Pero, en esta ocasión estamos hablando de millonarias, o sería mejor decir, billonarias comisiones o ‘mordiditas’ a cambio de una ayudadita en la convocatoria que se encarga de hacer el INCO, a capitales privados, para la futura ejecución de proyectos viales, en las carreteras del país.
Sin embargo, lo que si me sorprende es que sólo después de lo sucedido, el Ministerio de Transporte se ponga las pilas, en cuanto a la transparencia que se debe manejar en esta clase de procesos, y me refiero a la adjudicación de licitaciones, en lo que refiere al consorcio ofertor y su propuesta. Lo correcto sería que estas políticas de control y supervisión se manejen bajo un estándar de aplicación, que deben cumplir todos los convocados a licitación.
Pues bien, todo esto de políticas de control, no es sugerencia, ni mucho menos invento, sencillamente está plasmado en la lista de funciones que tiene el INCO; en donde se señala explícitamente “ejecutar las actividades requeridas para la promoción de los proyectos entre los inversionistas nacionales o extranjeros”; además de “Coordinar con el Instituto Nacional de Vías la entrega mediante acto administrativo de la infraestructura de transporte, en desarrollo de contratos de concesión”. En otras palabras el INCO es una institución que le decide el destino a mucha plática perteneciente a capital privado, no sólo nacional, sino también extranjero.
Lamentablemente, esas funciones pasaron desapercibidas para el director del INCO y sus asesores, que se las quisieron dar de vivos, pero no tomaron en cuenta la existencia de la nueva moda de investigación, las ‘chuzadas’, impartida por otros funcionarios del DAS, que también se les olvido que existe el derecho a la intimidad y que, además, es sancionado por el código penal. Modalidad de investigación por la cual Soto García y asesores cayeron y terminaron siendo también chuzados.
